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Jueves, 15 Noviembre 2018 11:38

Foro de la Familia llevará a los tribunales a la Junta si aplica el protocolo sobre alumnos transexuales

El presidente, Ignacio García-Juliá, acusa a la Consejería de Educación de convertir a los centros en "medios de propaganda y adoctrinamiento" de la ideología de género. También ha criticado la inconstitucionalidad de un documento que, según entiende, atenta contra la libertad de escolares y sus padres.

El Foro de la Familia llevará a la Consejería de Educación en Castilla y León a los tribunales si aplica de facto, a partir del 1 de enero de 2019, el denominado Protocolo sobre alumnado en situación de transexualidad y con expresión de género no normativa puesto en marcha de forma experimental en los centros públicos, privados y privados-concertados en la Comunidad, según Europa Press.

Así de taxativo se ha mostrado el presidente nacional de dicho foro, Ignacio García-Juliá,durante la presentación en Valladolid del informe jurídico encomendado al catedrático vallisoletano José Luis López-Muñiz cuyo contenido, a lo largo de 64 páginas, constataría la inconstitucionalidad de un protocolo que, en palabras del autor, “pretende convertir a los centros educativos en medios de propaganda y adoctrinamiento de la ideología de género”.

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El máximo responsable del foro, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que en su momento desde la Consejería de Educación se les indicó que este polémico protocolo no sería puesto en marcha pero temen que el mismo, adoptado hasta ahora en fase experimental, comience a aplicarse en todos los centros educativos de Castilla y León en un claro “ataque a los derechos constitucionales” de los alumnos, sus padres, profesores y personal no docente.

“Si es necesario iremos hasta los tribunales”, ha insistido García-Juliá, confiado en que su postura contará con el respaldo de la Justicia, como ha ocurrido ya con alguna sentencia reciente del Juzgado de lo Contencioso 18 de Madrid que ha condenado a la Comunidad madrileña al entender que un protocolo similar vulnera derechos fundamentales.

“Se está imponiendo una determinada forma de ver la sexualidad en nuestros hijos y las personas. La sexualidad no es una ciencia exacta, cada uno vive la sexualidad sin empujar al otro, sin imponer a nadie una determinada forma de ver la realidad. Y además, ya la naturaleza nos proporciona ese sexo que cada uno tenemos y que es el que va dictando el comportamiento, sin que nadie venga a decirnos como hacerlo”, resume el presidente del Foro, quien apostilla que con la iniciativa del departamento de Rey los colegios se ven privados de la necesaria “neutralidad ideológica”.

De aplicación no obligatoria

En un análisis desde el punto de vista jurídico de ese protocolo de la Consejería de Educación en Castilla y León -hay nueve CCAA que han puesto en marcha iniciativas similares-, su autor, el catedrático José Luis López-Muñiz parte del hecho de que el mismo no puede ser siquiera tenido en cuenta como norma jurídicamente obligatoria por carecer de los “requisitos formales exigibles” a cualquier actuación emanada de una Administración, entre ellos su publicación en el Bocyl.

Por tanto, su incumplimiento no podría llevar aparejada sanción alguna, ni para los alumnos ni para los docentes–cuentan con libertad de cátedra–ni para todo aquel que pudiera sentir vulnerados sus derechos constitucionales, a lo que el catedrático añade que para solventar entre ocho o diez casos de transexualidad que preocupan en Castilla y León se están adoptado una serie de medidas que pueden “invadir la intimidad de todo el resto”.

Al trata de imponer criterios de conductas en una determinada antropología, la ideología de género, se está cercenando la libertad de expresión, libertad científica, libertad ideológica y religiosa de quienes tienen una concepción diferente, entre ellos los padres, que tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones”, asevera López-Muñiz.

El autor del informe jurídico advierte de que en todo caso la Consejería de Educación, en lugar de impulsar este protocolo, debería de haber tramitado una ley orgánica, “que también debe respetar las libertades reconocidas por la Constitución”.

En la misma línea se han posicionado la representante en Valladolid de Familia Educa en Libertad, Susana Álvarez, y el presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Castilla y León, Alberto Sanvicens, en el sentido de que ambos coinciden en que la Junta pretende “suplantar” a los padres en su papel de educar a sus hijos, su protocolo entra en colisión con la libertad educativa e impone una perspectiva concreta de la visión del ser humano.

 
 
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