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Viernes, 25 Junio 2021 12:58

Suicidio asistido en Canadá: ahora se extenderá a los enfermos mentales

El psiquiatra canadiense John Maher, director editorial de la revista Journal of Ethics in Mental Health, comenta en un artículo haber recibido en consulta a una treintañera con una enfermedad mental perfectamente tratable. Sus padres la acompañaban. ¿Por qué? Porque la joven quería que él la ayudara a poner fin a su vida, y los progenitores temían que, en efecto, el médico accediera a facilitarle las cosas.

“Es horrible que [los padres] tengan que preocuparse por que, al ir al psiquiatra, su hija pueda ser asesinada por ese mismo psiquiatra”, lamenta Maher. Hay que decir que, de momento, el temor de los progenitores no está plenamente justificado. Pero solo de momento, como se verá.

 

La ley canadiense de muerte asistida, de 2016, establece unos requisitos, básicamente, que el paciente que solicite la eutanasia o el suicidio asistido tenga un pronóstico de muerte cercana. Como padecer una enfermedad mental no casa necesariamente con una muerte previsible a corto plazo, ese supuesto quedó excluido.

 

Con todo, llama la atención cuán rápido ha ganado aceptación esa práctica entre el público canadiense. Según la viceministra de Salud Abby Hoffman, solo en 2020 murieron unas 7.600 personas, un 17% más que en el año anterior. Este número de muertes provocadas constituye el 2,5% de todos los fallecimientos registrados el año pasado.

 

Hoffman precisó que el motivo más común para pedir el suicidio asistido fue padecer un cáncer, si bien muchos de los solicitantes citaban como causa de sufrimiento el no poder realizar sus actividades cotidianas.

 

No todas las solicitudes, por otra parte, fueron aceptadas: de las 9.300 que se formularon, se rechazó el 21%. Y un dato curioso: de todos los pacientes que fueron aprobados para ser “asistidos” con el fin voluntario de su vida, 50 se echaron atrás en el último momento.

 

Por último, un dato de interés: si se mira a un país con mayor “tradición” eutanásica, como Bélgica, se observa que, de los fallecimientos totales, las muertes a petición son el 2,4%. Pero los belgas han llegado a ese porcentaje décadas después de aprobar la eutanasia, mientras que los canadienses, con idéntica cifra en apenas cinco años, van a mayor velocidad. Según Hoffman, detrás de ese crecimiento está la “creciente concienciación y la mayor aceptación” de la muerte asistida por parte de la población local.

 

Y los políticos y los jueces están poniendo su granito de arena para ello.

 

“No me discrimines: mátame”

A semejanza de lo ocurrido en Bélgica y Holanda, la práctica de eliminar de modo activo y legal a pacientes que tienen un pronóstico claro de muerte se ha deslizado por una previsible pendiente resbaladiza: ¿por qué no ampliar ese “derecho” a quienes no están esperando un final inminente?

 

Primeramente, en 2019, el Tribunal Supremo de la provincia de Quebec cuestionó la constitucionalidad de la ley de 2016, en el entendido de que podían acogerse a ella solo a las personas irreversiblemente graves, por lo que posteriormente se introdujo en el Parlamento nacional un proyecto para eliminar ese requisito. El nuevo texto excluía inicialmente a los pacientes de enfermedades mentales, pero la Asociación Psiquiátrica Canadiense (CPA) dijo que tales personas “no debían ser discriminadas sobre la base de su discapacidad” y que debían disponer de las mismas opciones que las demás.

 

Y así fue. El 17 de marzo de este año se aprobó la reforma de ley de suicidio asistido, texto que, entre otras cosas, elimina la necesaria espera de 10 días antes de dar muerte a un paciente extremadamente grave que la ha pedido, y establece una espera de 90 días para el solicitante que no tenga un pronóstico de muerte inminente, “período que puede acortarse si la persona está a punto de perder su capacidad de decisión”.

 

“Nos preocupa enormemente que personas con discapacidad que estén experimentando una crisis temporal se acojan a la ley y mueran innecesariamente”

 

Además, se expresa que quienes sufran enfermedades mentales como depresión y trastornos de la personalidad no quedarán cubiertos por la ley… hasta el 17 de marzo de 2023, un tiempo que el gobierno se dará para “estudiar cómo, teniendo en cuenta la enfermedad mental, puede aplicarse la ley con seguridad y con las salvaguardas apropiadas para proteger a las personas”. Los Ministerios de Justicia y Salud deberán hacer sus recomendaciones al respecto en 2022.

 

Que la aplicación a las personas con enfermedades mentales no sea inminente, no quita nada a lo injusto de la medida, que ha sido protestada desde diversos ángulos. Los obispos canadienses han recordado que las personas que sufren o agonizan necesitan una respuesta compasiva y acceso a cuidados paliativos, mientras que varios líderes indígenas –las comunidades nativas arrastran altos índices de suicidio– hicieron saber también su oposición a la norma, por ir contra sus creencias y valores culturales.

 

Por su parte, Jewelles Smith, del Consejo de Canadienses con Discapacidad, lamentó que a tantos que viven con esa condición y no tienen acceso a servicios que les ayudarían a llevar una existencia con dignidad, se les ofrezca esa “salida”. “Nos preocupa enormemente que personas con discapacidad que estén experimentando una crisis temporal se acojan a la ley y mueran innecesariamente”, advirtió.

 

Quedaría el “consuelo” de que quedan dos años por delante para que el gobierno se lo piense. Pero Alex Schadenberg, director de la Euthanasia Prevention Coalition, no se hace ilusiones: “No hay fiscal en este país que persiga a nadie por practicar una eutanasia antes de que se cumplan los 24 meses, porque es técnicamente legal”.

 

 

Aceprensa.com