Miércoles, 05 Octubre 2022 11:35

Aumenta la presión para que la ONU reconozca el aborto como un derecho

La agencia de la ONU para la mujer publicó recientemente un informe en el que denuncia que las restricciones legales al aborto son un obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta semana, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha publicado una declaración en la que se afirma que el «aborto seguro» es un derecho.

 

En ambos casos, los burócratas y expertos de la ONU han ignorado e incluso contradicho los resultados acordados en las negociaciones entre los países miembros de la ONU, que nunca han acordado el derecho al aborto.

 

Los ODS, el documento guía del sistema de la ONU, fueron el producto de meses de minuciosas negociaciones, incluyendo la participación directa de los jefes de Estado. En el texto final, se aceptó que las referencias a la «salud sexual y reproductiva» y a los «derechos reproductivos» se definieran explícitamente como algo que no incluye el derecho al aborto. Es más, se dejó que las leyes relativas al aborto se determinaran a nivel nacional.

 

Uno de los copresidentes del grupo de trabajo que supervisó las negociaciones de los ODS fue Csaba Kőrösi, diplomático húngaro que actualmente es presidente de la Asamblea General de la ONU. Queda por ver si plantea lo que ahora es una flagrante contradicción entre las declaraciones de ONU Mujeres y los Estados miembros de las Naciones Unidas.

 

El lenguaje de «salud reproductiva» fue uno de los últimos en ser acordado durante la maratónica sesión final de negociaciones, que se extendió durante la noche y la tarde del día siguiente.

 

Desde 2019, ONU Mujeres ha publicado una «instantánea de género» en la que se hace un seguimiento de los avances en la consecución de las metas de los ODS relacionadas con las mujeres y las niñas. La nueva publicación se refiere a las «sorprendentes carencias» en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, incluyendo «las restricciones legales, incluida la criminalización del aborto.»

 

Las anteriores «instantáneas de género» se han centrado en otros aspectos de la salud, como las tasas de mortalidad materna, la presencia de asistentes cualificados durante el parto y el acceso a la planificación familiar, que son coherentes con las metas acordadas y los indicadores oficiales de los ODS. El aborto, y en concreto su estatus legal, queda fuera del ámbito de los ODS, tal y como lo negociaron los Estados miembros de la ONU.

 

También queda fuera del mandato de los expertos y comités de derechos humanos de la ONU, y de los tratados de derechos humanos cuyos textos también fueron el resultado de largas y detalladas negociaciones por parte de los gobiernos nacionales. No obstante, un grupo de titulares de mandatos de derechos humanos de la ONU emitió esta semana una declaración para conmemorar el Día Mundial de la Anticoncepción y el Día Internacional del Aborto Seguro, que se celebran el 26 y el 28 de septiembre, respectivamente.

 

La declaración comienza refiriéndose a los «retrocesos en el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a un aborto seguro». También cita a la Organización Mundial de la Salud al referirse a las muertes debidas al aborto «inseguro» como «causadas por la incapacidad de proporcionar un aborto seguro».

 

Esta suposición de que el aborto es inevitable y sólo puede ser «seguro» o «inseguro» contradice lo acordado en la Conferencia de Población y Desarrollo, que afirma que hay que ofrecer a las mujeres alternativas al aborto.

 

La declaración de los expertos se adentra aún más en cuestiones que repetidamente no han sido acordadas por consenso al insistir en que las «estrategias de salud sexual y reproductiva» se adapten a las necesidades de «las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres trans y todas las personas con diversidad de género para las que sean relevantes».

 

Queda por ver si la Asamblea General -y su presidente- tomarán medidas para aclarar el estado del consenso internacional sobre estas controvertidas cuestiones e intentarán crear algún tipo de responsabilidad para los expertos y burócratas que se excedan en sus mandatos.

 

 

 

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