Lunes, 05 Mayo 2014 10:57

Filipinas; la Iglesia desafía a la corrupción

Por un mega-fraude contra el estado por 10 mil millones de pesos, incluso el presidente Aquino podría ser acusado. Tagle: «Queremos la verdad»

 


Si el presidente Benigno Aquino jr. se tambalea, la Iglesia filipina no renuncia a su acción moralizante y denuncia con firmeza la corrupción que prevalece en la política y en la administración estatal. “Fuera la verdad”, se llama la última edición de la revista de los obispos filipinos, que publicará un texto del cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y hombre de vanguardia del episcopado.

Tagle se lanzó al ruedo con decisión al invitar a la empresaria Janet Lim-Nápoles, autora de un mega-fraude que sangró al estado 10 mil millones de pesos, a que regrese lo robado y a que diga los nombres de sus cómplices. Entre ellos, como revela la prensa filipina, podría incluso estar el presidente Benigno Aquino jr. quien, en tal caso, sería arrollado inevitablemente.

El caso, pues, sacude los fundamentos de la nación, pues aumentan insistentemente los rumores de que muchos “excelentes” del gobierno y de la política están involucrados en el fraude.

La Iglesia filipina siempre ha denunciado la corrupción como el «cáncer del país». El cardenal Tagle la definió de esta manera: «Un puñal apuntando hacia nuestros corazones». Los obispos han dedicado al argumento diferentes mensajes durante los últimos años. En una reciente declaración, la Conferencia Episcopal del país, en voz de su presidente Sócrates Villegas, pidió a toda la población ética, credibilidad e integridad basadas en el Evangelio.

En el último informe global sobre la corrupción, la Ong Transparency International situó a Filipinas en el lugar número 105 de la lista de los países corruptos (el peor de todos se encuentra en el sitio 176). Escándalos financieros, abuso de dinero público y corrupción han involucrado a los dos últimos presidentes de la nación: Joseph Estrada y Gloria Macapagal Arroyo. Benigno Aquino jr., hijo del héroe nacional Benigno sr. y de Corazón Cojuangco Aquino (protagonista del momento político que, con una revolución pacífica, liberó al país de la dictadura), había adoptado la lucha en contra de la corrupción como parte de su campaña electoral y del programa de gobierno.

Ahora, el fraude, organizado mediante una serie de Ong y programas de desarrollo inexistentes, destinatarios de financiamiento público, vuelve a llamar la atención sobre el controvertido mecanismo que lo generó: el “Fondo prioritario para asistencia al desarrollo” (Pdaf), rebautizado como “pork barrel”.

Se trata del aporte del estado destinado a cada parlamentario para que lleve a cabo proyectos sociales a nivel local. El presupuesto nacional, cada año, destina cada año 200 millones de pesos para cada uno de los senadores y 70 millones para cada uno de los miembros del Congreso. Según los observadores, el aporte, en realidad, es usado para perpetrar la práctica corrupta del voto “útil”, pues no hay ningún mecanismo de control.

En 2013, una campaña transversal de sensibilización, en la que la Iglesia fue una de las protagonistas, recorrió toda la nación para pedir, en nombre de la transparencia, la abolición del Fondo. La campaña se transformó en protesta vigorosa en contra del gobierno cuando Benigno Aquino se negó a abolir el Fondo.

Después de una imponente manifestación que se llevó a cabo en Manila a finales de agosto de 2013, con los obispos en primera fila, sonaron las campanas de cada una de las diócesis de Filipinas y, con esta forma simbólica, se pretendía recordar al presidente y al gobierno su responsabilidad moral.

En este aspecto, afirma la Iglesia, Aquino ha desilusionado a la gente al negarse a intervenir en el “pork barrel”. El sistema es uno de los gángleos del arraigado e institucionalizado mecanismo de corrupción mediante el cual se llevan a cabo prácticas de patronato y de clientelismo entre la política nacional y las comunidades locales, entre la administración central y las administraciones de la periferia.

Los parlamentarios filipinos, de hecho, pueden decirir a quién, cómo y dónde depositar una cierta cifra de dinero público. Este amplio poder discrecional induce a acuerdos oscuros, alimenta favores con fines electorales, alimenta el voto “útil”.

Como explicó Arturo Bastes, obispo de Sorsogon, a la emisora Radio Veritas, histórica estación del país, la promoción de planes de desarrollo local debería ser tarea de una agencia gubernamental especializada, encargada de esta labor, y no fruto de acuerdos promovidos por los parlamentarios. Es un hecho que va más allá de sus competencias principales, que es redactar y aprobar las leyes del estado. «Esta mala práctica debería ser cancelada para siempre», subrayó.

Urge, explicó, identificar nuevos mecanismos que deslinden definitivamente esos fondos públicos de los meros intereses privados y de las prácticas de patronazgo político. La expresión “pork barrel” (el barril del cerdo), como se conoce el Fondo, indica que el uso impropio y degenerado de ese dinero es una práctica común y bien conocida.

Con la batalla pública en contra del “pork barrel”, la Iglesia filipina hoy, después de la “derrota” en el caso de la Ley sobre el control de la natalidad (definitivamente aprobada por la Suprema Corte), vuelve a ser protagonista de una estación política que podría desencadenar un auténtico terremoto institucional.

 

vaticaninsider.lastampa.it  05-05-2014