Viernes, 04 Abril 2014 04:19

Hacia un nuevo contrato educativo para Argentina

Por Gustavo F. Iaies* - Educador. Director del CEPP (Centro de estudios

 

La Argentina ha ingresado en una profunda crisis educativa de la que le cuesta salir. Las evaluaciones internacionales de las que participamos muestran, en sus últimas aplicaciones, descensos en materia de los aprendizajes de los alumnos y aumentos en la brecha de inequidad.

Al mismo tiempo, los últimos años evidencian una importante crisis en materia de eficiencia del sistema, ha aumentado la deserción y el fracaso escolar. Más de 300.000 jóvenes abandonan la escuela secundaria cada año y no existe política social capaz de cauterizar semejante hemorragia.

Ha comenzado una tendencia, a partir de 2003, de traspaso de alumnos de las escuelas públicas de gestión estatal a las de gestión privada; las familias buscan allí un "refugio" donde preservar a sus hijos de las discontinuidades de nuestro sistema educativo.

Más del 80% de la matrícula de las escuelas de gestión estatal está compuesta por chicos y jóvenes de los últimos dos quintiles de ingreso.

El sueño de la escuela pública de Jacinta Pichimahuida, que albergaba a los hijos del médico, el albañil, la peluquera, el mecánico, ha quedado en el pasado. Las aulas han dejado de ser un espacio de intercambio entre chicos de distintos sectores sociales. Y, como decía José Pedro Varela, el Sarmiento uruguayo, "dos chicos que comparten el pupitre, son más iguales para toda la vida", ya no lo serán.

¿Qué hicimos en los últimos años? Invertimos más recursos a partir de aumentos salariales, mayor cantidad de becas, libros, computadoras, construimos edificios, creamos un canal de televisión, como intervenciones centrales. Pero bien saben los padres que educar chicos no es sólo un problema de dinero, aunque el mismo sea importante.

¿Cómo explicamos que el aumento de la inversión no haya redundado en mejoras cualitativas sino, por el contrario, que nos hayamos deteriorado?

Parece evidente que el problema no es solamente invertir más recursos sino que necesitamos revisar el contrato del sistema, el modo de organizarnos para educar a los chicos; las obligaciones que cada uno debe asumir, entendiendo que el viejo modelo en el que las decisiones "bajaban" del ministerio, las escuelas las cumplían y los supervisores controlaban ese cumplimiento, está caduco.

La Ley Nacional de Educación 26.206, aprobada en 2007, es el último contrato que nos dimos como sociedad, para asumir la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes. Allí encontramos algunos primeros síntomas de lo que nos pasa.

En términos de pensar el modelo de organización propuesto, parece interesante resaltar que el texto de la ley utiliza 57 veces la palabra derechos y sólo 7 la palabra obligaciones. Allí aparece una parte de nuestro problema. No hay sistema que funcione reconociendo derechos, sin nadie que asuma la obligación de garantizarlos.

¿Quién no se obliga a nada en el nuevo contrato educativo de acuerdo a la ley? Los padres, alumnos, directores, supervisores, la sociedad civil, los medios de comunicación, las facultades y los especialistas en educación, los municipios, los empresarios, la Justicia, entre otros, no son convocados a ningún compromiso con el mejoramiento educativo.

¿A qué no nos hemos comprometido de acuerdo al mencionado acuerdo legal? No nos comprometimos a mejorar la calidad educativa, reducir el fracaso y el abandono, aumentar la equidad, la eficiencia administrativa del sistema, entre otras cuestiones.

Probablemente hayamos llegado al punto central del problema. No estamos mejorando porque no hemos asumido ningún compromiso para hacerlo. ¿Cómo nos imaginamos que podríamos mejorar si no establecemos lo que cada uno debe hacer para lograrlo? De hecho, la ley no se ha reglamentado, es decir, no se ha bajado a pautas operativas para su implementación.

Más allá de discursos, un contrato para el mejoramiento educativo requiere decidir lo que queremos mejorar, los compromisos de cada uno para lograrlo, los modos de evaluar la mejora y de corregir los errores que se vayan cometiendo en dicho proceso colectivo.

Mejorar la educación requiere un cambio social y cultural en el sentido de los valores o principios alrededor de los que nos organizamos. Se trata de normas y acuerdos respecto de cómo llevarlas a la práctica y eso requiere democracia y república.

Necesitamos volver a juntar las palabras con las cosas, parafraseando a Michel Foucalt. Defender la escuela pública no puede ser un conjunto de slogans, sino de compromisos y modos de asumirlos.

No hay fórmulas mágicas, no hay atajos ni iluminados para lograrlo. Se trata de esfuerzo, trabajo y respeto entre los actores.

Ahora, si no estamos dispuestos a comprometernos por los chicos, ¿a qué estamos dispuestos como sociedad?

 

 

* El Lic. Gustavo Iaies es Máster en Educación. Es Director de la Fundación CEPP, Coordinador del Grupo de responsables de comunicación de los ministerios de educación de América Latina y periodistas en educación de los medios de la región, Coordinador del Grupo de trabajo sobre relaciones entre sindicalismo y ministerios de educación en América Latina. Entre otros antecedentres laborales, fue Secretario de Educación del Ministerio de la Nación y Director de la Escuela de La Aldea. Ha publicado 28 ensayos pedagógicos, 38 artículos periodísticos y 12 libros escolares.

 

 

losandes.com.ar  20-08-2010

 

 

 

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